Sí, la iniciativa de contrarreforma eléctrica significa una nueva nacionalización de esa industria, regresar al monopolio estatal y al tratarse de modificaciones constitucionales creará un “borrón y cuenta nueva” que hará a un lado los 265 amparos todavía pendientes que mantienen electrocutados los cambios de marzo a la Ley de la Industria Eléctrica, explica poniendo El Dedo en la Llaga el especialista José María Lujambio, por lo que no quedaría nada que hacer ante la creación de un monopolio que implicaría una expropiación indirecta.

Sector privado y analistas especializados vislumbran una lluvia de demandas millonarias y arbitrajes internacionales relacionados con el T-MEC en caso de concretarse, que terminarán siendo muy caras para el gobierno. Diversas fuentes dentro del Congreso advierten que la iniciativa sí va a pasar, aunque la aprobación de reformas constitucionales requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores en ambas cámaras, que Morena y sus aliados no reúnen.

La posición del PRI está particularmente en el centro de las miradas políticas. En números claros, las bancadas oficialistas tienen 277 de los 333 diputados mínimamente necesarios, pero con los priistas de su lado sumarían 355. En el Senado, morenistas y afines son 78, se requieren por lo menos 85 pero con la bancada del PRI lograrían 91.

Si bien la coalición opositora que formaron PAN, PRD y PRI aseguró al inicio de la legislatura actual que esta reforma no pasaría, en su comunicado de este lunes el PRI desliza que sus legisladores “van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad”.

Es un partido que tiene la negociación y la concertación en su genética. En la búsqueda de acuerdos bien podría lograr algún equilibrio político que le permita operar en un plano más funcional que la confrontación. El llamado a llevar la iniciativa a un proceso de parlamento abierto y al escrutinio de especialistas es un pequeño aliento de esperanza para llegar a posiciones más realistas como mejores ingresos tributarios, contratos de adquisición de energía a precios más bajos o una rectoría más sólida del sector energético incluso desde la perspectiva de la seguridad nacional.

La senadora morenista Adriana Abreu subraya que el 46 por ciento de la generación eléctrica aún quedaría en manos de privados, sin embargo, el especialista Ramsés Pech señala ambigüedades sustanciales en el texto de la

iniciativa: “la instrumentación de un nuevo sistema eléctrico requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada”. ¿Cuáles serían esas “diversas figuras”? La falta de precisión agrega mucha más incertidumbre para los inversionistas y hasta para quienes tienen un panel solar en casa.

Queda claro que el sector público no tiene los recursos necesarios para invertir ni en el mantenimiento de sus propias centrales eléctricas que operan con combustibles fósiles y mucho menos en el desarrollo de energías limpias al nivel que tiene comprometido en los tratados internacionales.

De hecho, en 2022 la CFE llegará al punto de que su gasto en jubilaciones será de 48 mil 773 millones de pesos, que significa recursos mayores a los 47 mil 573 millones que destinará a inversión física.

A todo eso hay que agregar el costo de los problemas que llegarán con mercados reaccionando, el tipo de cambio presionado y toda la andanada de demandas y arbitrajes internacionales en un mundo globalizado y habituado a la competencia y el libre mercado. Las próximas semanas serán cruciales.