Reveladora la comida en palacio nacional del presidente López Obrador y la candidata ganadora Claudia Sheinbaum. La determinación de acabar con la autonomía de la Corte se concretará en septiembre. Nada habrá que la contenga, ni consulta ni diálogo. Se impone el instinto político de López Obrador al hacer valer la voluntad presidencial por encima de todo y todos.

El presidente entiende la decisión de acabar con la Corte como una batalla crucial, fundacional para la nueva presidenta, no para él. En su sentir del poder considera que si se cede se pierde más que un proyecto legislativo, se pierde la subsecuente autoridad, si se gana esta batalla se resolverán muchas otras en lo sucesivo. López Obrador utilizó la cancelación del aeropuerto de Texcoco para ejercer su poder, a pesar de sus previsibles desastrosas consecuencias. En perspectiva, cumplió su objetivo, fue determinante para someter a los hombres del dinero porque quedó claro que no habría concesión alguna, incluso a costa de la responsabilidad convencional y de los resultados de su propio gobierno.

De eso se trata ahora. No es la intransigencia de López Obrador y la prudencia de Sheinbaum. Desde luego que hay tensiones por la incertidumbre de por medio, por el agotamiento de la polarización, porque Claudia no tiene los mismos atributos y defectos que su mentor, porque el desafío de los hombres ricos vinculados al Estado no es igual que el de los inversionistas globales, porque la economía ahora está sostenida por alfileres y requiere de confianza y certeza de derechos de los inversionistas privados, porque López Obrador privilegió cuidar la estabilidad macroeconómica y las propuestas de ahora la comprometen.

Cuatro de diez votantes sí entendieron qué sucedería en la comida del lunes 10. No se trata de sometimiento, tampoco de una coincidencia total, simplemente se comparte el código de ejercicio del poder. No puede haber concesiones hacia quienes representan una amenaza o contrapeso al poder del gobernante.

El espacio de la nueva presidenta se dio en la agenda de las reformas y en algo de difícil autenticidad y eficacia, la consulta a los intereses vinculados con la justicia. La insensatez, por decirlo amablemente, de elegir a juzgadores es mayúscula y desproporcionada. Ni el mismo Arturo Zaldívar estaba de acuerdo con la de los jueces y magistrados. No existe precedente exitoso a pesar de varios intentos a lo largo de la historia y en diversos países. La justicia no puede estar asociada a la política y menos a la electoral y mucho menos ahora ante la clara hegemonía del partido gobernante.

Las consultas de parlamento abierto han sido una farsa porque la decisión del presidente ha sido que no le muevan ni una coma a sus iniciativas de reforma. Quizás ahora haya un cambio a esa oprobiosa y humillante práctica, pero la lógica del poder se impone para López Obrador y seguramente para Claudia, ceder ahora es perder la autoridad para el mañana.

El sistema de justicia no solo tiene que ver con los intereses económicos, como el presidente entiende. Tampoco es la obstrucción a las acciones de gobierno que tanto ha reclamado, como hicieron sus dos inmediatos antecesores y no se diga la liberación de detenidos que tanto reclaman los fiscales o los policías civiles o militares. El sistema de justicia tiene que ver con todos los mexicanos y si los pobres están lejos de este bien, un poder judicial federal independiente es la expectativa más razonable y civilizada para gozar de la protección de las garantías en la Constitución. Sí hay una agenda para mejorar la justicia, pero no por el camino del sometimiento de los juzgadores al interés político, tampoco destruyendo lo que mejor funciona.

No es el rencor lo que mueve al presidente en la reforma al poder judicial. No es el caso, aunque sin duda, cuenta. Tampoco pretende imponer a su sucesora los términos con los que debe ejercer el poder. En López Obrador pesa más la necesidad de mostrar a su sucesora que debe imponerse desde ya, porque es la manera en que unos y otros entenderán tempranamente quién manda y a qué está dispuesta para hacer valer su autoridad. El expediente a él dio resultado y los afectados en su mayoría fueron beneficiarios y aliados del presidente.

Al menos 4 de 10 votantes pueden decir que la comida no fue sorpresa.