Los Tocables
La sombra del imperio
Por Héctor Guerrero
México atraviesa uno de esos momentos donde la realidad parece escrita por un novelista obsesionado con Graham Greene, la Guerra Fría y las tragedias latinoamericanas.
Gobernadores señalados desde Washington, reportajes sobre operaciones encubiertas de la CIA, explosiones quirúrgicas en carreteras federales, amenazas veladas de Donald Trump y un gobierno mexicano atrapado entre la defensa política de los suyos y la necesidad de evitar una crisis frontal con Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya pidió licencia. El acto fue presentado como un gesto institucional. La escena real tuvo otra lectura: la evacuación apresurada de un gobernador convertido en pasivo internacional.
Washington sostiene que operadores ligados a Los Chapitos habrían favorecido electoralmente al grupo político de Rocha Moya mediante financiamiento, intimidación territorial y respaldo logístico. La acusación golpea el corazón narrativo de Morena porque transforma años de sospechas en una investigación formal impulsada desde Estados Unidos.
Durante años el obradorismo construyó una épica moral. “Abrazos, no balazos”, repetían como doctrina humanista. El resultado terminó pareciéndose más a un proceso de coexistencia tolerada entre poder político y estructuras criminales.
Mientras el discurso presidencial hablaba de pacificación, los cárteles expandieron control territorial, penetraron policías, dominaron regiones enteras y convirtieron amplias zonas del país en espacios de soberanía fragmentada. El Estado seguía ahí, aunque cada vez más parecido a un administrador parcial del territorio.
La captura de Ovidio Guzmán y su posterior liberación durante el “culiacanazo” marcó un punto de inflexión. “Se tomó la decisión de proteger vidas”, explicó López Obrador. La frase quedó registrada como reconocimiento involuntario de un equilibrio de fuerzas profundamente alterado.
Después vino la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el escenario empezó a descomponerse con velocidad vertiginosa. El asesinato del principal opositor político de Rocha Moya fue presentado inicialmente como un asalto. Horas más tarde circularon videos mostrando una ejecución directa, precisa, sin margen para interpretaciones ingenuas. El relato oficial quedó pulverizado.
En paralelo comenzó algo todavía más inquietante: la filtración sistemática desde Washington.
Primero aparecieron reportes sobre investigaciones contra funcionarios mexicanos. Después surgieron versiones sobre expedientes relacionados con financiamiento político ilícito. Más tarde llegaron los señalamientos públicos del Departamento de Justicia. Finalmente apareció CNN hablando abiertamente de operaciones de la CIA dentro de territorio mexicano.
Ahí cambió la naturaleza completa de la crisis.
El reportaje de CNN describe la participación de la Ground Branch, el brazo paramilitar de la CIA, en operaciones de inteligencia y apoyo contra organizaciones criminales mexicanas. La presidenta Sheinbaum calificó la información como falsa. Omar García Harfuch rechazó “cualquier operación unilateral extranjera”.
Las negaciones sonaron menos a certeza y más a protocolo.
Porque la historia bilateral entre México y Estados Unidos está llena de capítulos donde la cooperación clandestina termina apareciendo años después como hecho consumado. La CIA operó en México durante la Guerra Fría. Participó indirectamente en tareas antinarcóticos. Colaboró con estructuras de inteligencia nacional. Espió movimientos políticos, organizaciones insurgentes y redes criminales.
La diferencia actual radica en otro punto: el salto hacia operaciones quirúrgicas de carácter letal.
El caso de la explosión en el Arco Norte se volvió central precisamente por eso.
El 28 de marzo una camioneta estalló cerca del AIFA. Murieron presuntos operadores ligados al Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas manejaron el episodio con un hermetismo extraordinario. CNN sugirió después que aquella explosión podría haber formado parte de una operación facilitada por inteligencia estadounidense.
Y entonces apareció la comparación inevitable.
¿La operación del Arco Norte representa el equivalente terrestre de los bombardeos recientes contra lanchas del narcotráfico impulsados por la administración Trump?
La pregunta ya circula entre analistas de seguridad y diplomáticos porque el patrón operativo empieza a parecerse demasiado.
Durante los últimos meses, fuerzas estadounidenses han intensificado operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. La narrativa oficial habla de interdicción, seguridad hemisférica y combate al fentanilo. Sin embargo, diversas filtraciones y reportes apuntan hacia un endurecimiento operativo mucho más agresivo, incluyendo destrucción directa de objetivos considerados estratégicos.
El caso del Arco Norte parece compartir esa lógica: neutralización quirúrgica, inteligencia previa, objetivo específico y ausencia de reivindicación formal.
El mensaje político también coincide.
Washington parece haber concluido que ciertas estructuras criminales mexicanas dejaron de ser únicamente organizaciones delictivas y pasaron a convertirse en amenazas de seguridad nacional estadounidense. Esa redefinición cambia completamente las reglas del juego.
La pregunta entonces deja de ser si Estados Unidos puede intervenir clandestinamente. Históricamente lo ha hecho en múltiples regiones del mundo. La verdadera pregunta apunta hacia otro lado: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en México?
Donald Trump alimenta diariamente esa tensión. Habla de la presidenta mexicana con tono paternalista, imita su voz frente a auditorios republicanos y remata con amenazas cuidadosamente calibradas: “Si México no hace el trabajo, nosotros lo haremos”.
No busca todavía una confrontación abierta. Sería costosísima para ambos países. La estrategia parece mucho más sofisticada: presión por goteo.
Filtraciones. Expedientes. Medios estadounidenses. Señalamientos judiciales. Reportajes sobre la CIA. Advertencias militares indirectas.
Cada pieza aumenta el desgaste político de Sheinbaum mientras obliga al gobierno mexicano a defender simultáneamente soberanía, estabilidad bilateral y cuadros políticos cuestionados.
Y ahí aparece el dato más delicado de toda esta historia: Palacio Nacional parece más concentrado en proteger a Rocha Moya y contener daños internos que en desmontar estructuralmente las redes criminales bajo sospecha.
Harfuch insiste en que no existe ilícito alguno por parte de funcionarios mexicanos. Técnicamente quizá tenga razón en algunos casos. Políticamente el problema ya rebasó la discusión jurídica.
Porque cuando Estados Unidos comienza a filtrar información de inteligencia de manera sistemática, generalmente significa que la relación diplomática entró en una etapa distinta.
La historia latinoamericana ofrece suficientes precedentes para entenderlo.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
