Sinaloa no necesita discursos; necesita gobierno. Y ese es, quizá, el mayor problema de Rubén Rocha Moya: que mientras la violencia consume la vida cotidiana, el poder insiste en responder con comunicados, defensas políticas y llamados a la soberanía. La acusación desde Estados Unidos contra el gobernador abrió una crisis mayor.
La FGR ya dijo que pedirá más pruebas porque, hasta ahora, no ve elementos suficientes para una detención urgente. Pero el punto político va más allá del expediente judicial: un gobernador no sólo debe ser inocente ante la ley, también debe ser confiable ante su pueblo. Y ahí Rocha Moya llega muy debilitado.
Sinaloa lleva más de un año atrapado entre violencia, miedo y una percepción ciudadana de inseguridad que ronda el 80%. Eso no es un dato menor: es el retrato de una sociedad que ya no cree que el gobierno tenga el control. La defensa automática desde Palacio Nacional tampoco ayuda.
Claudia Sheinbaum ha insistido en que no hay pruebas suficientes y ha colocado el tema en el terreno de la soberanía nacional. Pero defender el debido proceso no debería confundirse con blindar políticamente a un gobernador cuestionado. La oposición ya pidió incluso la desaparición de poderes en Sinaloa, una ruta difícil por la mayoría de Morena en el Congreso, pero simbólicamente poderosa: el caso Rocha dejó de ser un asunto local y se convirtió en una grieta nacional.
Rocha Moya puede alegar inocencia, y tiene derecho a hacerlo. Pero Sinaloa también tiene derecho a exigir resultados. Porque cuando un estado vive con miedo, cuando la autoridad parece rebasada y cuando el nombre del gobernador aparece en investigaciones internacionales, el problema ya no es sólo legal: es de confianza pública. Y la confianza, en política, cuando se pierde, rara vez se recupera con discursos.

Por Karla Pulido