Durante décadas, México intentó explicar el narcotráfico como un problema de criminalidad, como una anomalía o señalándole como un enemigo externo. Se veía como una suerte de enfermedad social aislada del resto del sistema y confinada en ciertos espacios (como el norte del país). Pero quizá el error más grande fue pensar que el narco habitaba fuera del capitalismo mexicano, cuando en realidad terminó convirtiéndose en una de sus expresiones más claras y al mismo tiempo, extremas.

Lo que comenzó como redes regionales de tráfico de marihuana y amapola durante el siglo XX, alrededor de los años 60, evolucionó hasta convertirse en una estructura económica, política y cultural capaz de infiltrar gobiernos, generar imaginarios colectivos y producir una nueva narrativa sobre el éxito, el poder y la muerte que aborda, desde los más jóvenes hacia el cómo deben existir.

Las camionetas blindadas, los corridos, las mansiones, los relojes de lujo y los mausoleos monumentales en panteones de Culiacán representan mucho más que extravagancia criminal, son el epítome de la estetización del poder violento. La construcción de una aspiración social donde el dinero rápido y la capacidad de ejercer violencia se convierten en formas legítimas de prestigio en ciertos espacios.

La filósofa mexicana Sayak Valencia definió este fenómeno como "capitalismo gore": un modelo donde la acumulación económica ocurre a través de la violencia explícita, el desmembramiento social y la espectacularización de la muerte, es decir, la sangre produce valor; la violencia deja de ser únicamente un medio para convertirse en mercancía visual, narrativa y política. Las ejecuciones se viralizan, los cuerpos colgados en puentes funcionan como mensajes mediáticos y el terror ejercido por el narco, administra territorios, disciplina poblaciones y produce ganancias económicas.

Por otro lado, el filósofo camerunés Achille Mbembe a través de la necropolítica, sostiene que el poder contemporáneo no solo administra la vida, sino también la muerte. Decide qué cuerpos son protegidos y cuáles pueden ser sacrificados. En regiones atravesadas por el narcotráfico, como lo es Sinaloa desde hace tiempo, esa facultad ya no pertenece exclusivamente al Estado, también la ejercen los grupos criminales y parece que se desdibuja la línea entre ambos
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El narco regula economías locales, impone códigos sociales, organiza formas de movilidad y determina quién puede vivir, desaparecer o morir. El poder se ejerce a través de la violencia y esta se vuelve administración territorial, donde esta lógica terminó normalizándose.

Aquí me gustaría señalar que las redes sociales han contribuido a ello. Estudios sobre la guerra contra el narcotráfico en México muestran cómo las comunidades expuestas permanentemente a imágenes violentas desarrollan procesos de desensibilización emocional.

Por lo anterior, ya no se trata solamente de miedo: se trata de habituación. Desde la psicología, de hecho se ha estudiado bastante este fenómeno y es interesante que desde que México comenzó a convivir con la muerte como paisaje cotidiano, la sociedad reacciona menos, como si vivir en un país lleno de muertos, fuese algo normal. El Doctorante en psicología experimental, Jesús García Salazar, menciona que “habituarse implica el decremento de la respuesta ante un estímulo; es decir, en este caso concreto, disminuye la reacción de la población ante una reiterada repetición de la violencia”. 

Y es por todo ello, que el narcotráfico ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno criminal. Es también una expresión cultural del neoliberalismo extremo, donde el valor humano queda subordinado a la rentabilidad, el consumo y el control territorial.

Habiendo contextualizado todo lo anterior, me gustaría destacar que en los últimos años, las tensiones entre autoridades estadounidenses y actores políticos sinaloenses han alimentado una narrativa cada vez más incómoda: la posibilidad de que las fronteras entre criminalidad organizada y poder institucional sean mucho más difusas de lo que el discurso oficial admite.

Las versiones, investigaciones periodísticas y acusaciones que han rodeado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, particularmente tras episodios de violencia ligados a facciones del crimen organizado, reflejan una crisis profunda de legitimidad política.

Más allá de la veracidad jurídica de cada acusación, el problema es otro en realidad, la erosión de la confianza pública.

Y es que cuando una sociedad comienza a percibir que el poder político y el poder criminal coexisten o son uno mismo, se negocian o incluso protegerse mutuamente, la necropolítica adquiere una dimensión todavía más perturbadora porque se trata de quién decide administrarla, tolerarla e incluso invisibilizarla.

En ese escenario, el Estado deja de aparecer como un límite frente al narcotráfico y comienza a percibirse como parte de la misma arquitectura de poder.

Y quizá esa sea la consecuencia más devastadora del capitalismo gore en México: no solo normalizar la muerte, sino volver indistinguible la línea entre gobierno, mercado y violencia.

Por Cindy Pulido