Por Jesús Ortega Martínez
México es una de las economías más grandes del mundo. Según datos del FMI y el Banco Mundial actualizados a 2026, se consolida como la 12ª o 13ª economía global por PIB nominal, con un producto interno bruto que supera los 2 billones de dólares. Es una potencia regional con un crecimiento sostenido en sectores como manufacturas, nearshoring y exportaciones. Sin embargo, los indicadores del desarrollo humano del PNUD y la medición de pobreza multidimensional del CONEVAL/INEGI (2024), revelan una paradoja dolorosa: el tamaño económico no se traduce en bienestar para millones de mexicanos. Mientras el PIB se estanca o crece marginalmente, la pobreza y la marginación aumentan de manera significativa y se agravan, precisamente, por el deterioro en los servicios educativos y de salud.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México en 2023 fue de 0.789 (categoría “alto”, puesto 81 mundial). Muestra una recuperación leve post-pandemia, con esperanza de vida en 75.1 años esperados y escolaridad en 14.5 esperados, pero solo 9.3. años alcanzados. Pero aún estos promedios nacionales ocultan brechas profundas. La pandemia provocó una caída histórica en la esperanza de vida (de 74.5 años en 2019 a cerca de 70 en 2021), y aunque se recuperó numéricamente, persisten problemas estructurales.
El golpe a la salud: menos acceso, peor calidad
La carencia por acceso a servicios de salud afecta a 34.2% de la población en 2024: 44.5 millones de personas. Esto representa más del doble que en 2018 (cuando estaba en torno al 16%, unos 20 millones). Aunque bajó ligeramente entre 2022 y 2024, el retroceso de largo plazo es claro: millones de mexicanos, especialmente en zonas rurales (48.7% de carencia) y estados como Chiapas (63.3%), quedan expuestos a gastos catastróficos, mortalidad prevenible y enfermedades crónicas sin atención adecuada.
La calidad también falla. Sistemas saturados, falta de medicamentos y desigualdad territorial convierten a la salud en un privilegio en lugar de un derecho. El resultado: una esperanza de vida que sigue lejos del promedio OCDE (más de 81 años) y una población vulnerable que, ante una enfermedad, cae más fácilmente en la pobreza.
