Cuando hablamos de combate a la corrupción, la regla debería ser muy sencilla: la ley tendría que aplicarse igual para todos. Sin importar el partido, el cargo o el momento político.
Hoy Guanajuato vuelve a estar en el centro del debate por las investigaciones relacionadas con el exgobernador Diego Sinhue y la llamada “Casa Azul” en Texas. Hay quienes acusan un intento de proteger a funcionarios del pasado, mientras que el gobierno estatal sostiene que las investigaciones continúan y que el caso no está cerrado.
Pero este tema abre una discusión mucho más grande: ¿por qué en México pareciera que la justicia cambia dependiendo del color del partido?
Porque mientras unos casos reciben una enorme atención mediática y política, existen otros donde las investigaciones avanzan con mucha mayor lentitud, o simplemente permanecen en la incertidumbre.
Y ahí es donde aparece el doble rasero. Cuando una figura que antes pertenecía a Morena deja de ser funcional o rompe políticamente con ese movimiento, entonces sí aparecen las auditorías, las revisiones, los expedientes y el discurso de la transparencia. Pero cuando los señalamientos recaen sobre personajes cercanos al mismo grupo político, aunque los montos sean mayores o el daño público sea más profundo, la vara parece medirse de otra manera.
El problema no es que se audite. Al contrario: se debe auditar a todos. El problema es que la fiscalización no puede convertirse en un castigo político para unos y en un manto de protección para otros. Si una exfuncionaria o exaliada debe rendir cuentas, que lo haga. Pero también debe hacerlo quien haya desfalcado más, quien haya firmado contratos irregulares o quien haya usado el poder para beneficiar a su círculo cercano.
Ahí está también el caso de Sinaloa. Han pasado meses de cuestionamientos públicos sobre la situación de seguridad en el estado y sobre el papel de sus autoridades. Las críticas hacia el gobernador Rubén Rocha Moya continúan, pero para muchos ciudadanos no existe la misma presión política que sí vemos en otros casos.
Y esa percepción termina siendo muy costosa.
Porque cuando la ciudadanía siente que la justicia tiene colores, deja de confiar en las instituciones.
Combatir la corrupción no puede convertirse en un instrumento para golpear adversarios y proteger aliados. Si alguien cometió un delito, que responda ante la ley, sin importar si pertenece al PAN, a Morena o a cualquier otro partido.
México necesita instituciones que investiguen con el mismo rigor a todos. Porque la impunidad no distingue ideologías.
Y hay otro elemento que tampoco podemos ignorar: la certeza jurídica y el Estado de derecho también pesan en la relación comercial con nuestros principales socios. En un momento en que el T-MEC enfrenta revisiones constantes y existe preocupación internacional por la seguridad y la confianza para invertir en México, la aplicación imparcial de la justicia deja de ser un tema exclusivamente político y se convierte también en un asunto económico.
La pregunta es muy sencilla: ¿queremos una justicia para todos... o una justicia dependiendo de qui
én gobierne?